29 de diciembre de 2011 |
Por CORREPI: De la Doctrina de la Seguridad Nacional a la “gobernabilidad democrática con cooperación” La sanción de la más reciente ley antiterrorista del gobierno peronista de los Kirchner, la octava desde el inicio de su gestión, fue tema abordado por periodistas, comentaristas, “opinólogos” profesionales y políticos, y, de manera bien diferente a las anteriores, silenciadas por las grandes empresas de medios, llegó a los grandes titulares y las tapas de los diarios. Esta nueva reforma al código penal, igual que las de 2003, 2005, 2007 y 2009, fue propuesta y aprobada en tiempo record para cumplir servilmente con las directivas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los organismos “especializados” internacionales usados por el imperialismo para asegurar sus planes de dominación. A través del GAFI, el FMI y otros organismos similares, el Departamento de Estado yanqui y el Pentágono ejecutan los objetivos formulados a partir de los documentos Santa Fe I y II, y ratificados, en las últimas décadas, en sus planes de seguridad para la región. Así, buscan garantizar el apoderamiento de recursos naturales, el subsidio de su propio déficit interno, la hegemonía en el comercio internacional y el control indiscriminado de los recursos financieros mundiales, homogeneizando la legislación mundial y adaptándola a su nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que denomina “terrorista” al mismo enemigo que, décadas atrás, llamó “subversivo”, y basa su acción, ya no primordialmente en la intervención militar directa, sino en la defensa de la “gobernabilidad democrática” sustentada por la “cooperación continental”. Toda calificación de “conspirativa” de estas afirmaciones desaparece si se ingresa al sitio web del FMI y se lee el “Manual para la redacción de leyes” en la sección “Represión del financiamiento del terrorismo”, publicado por el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional el 4 de agosto de 2003. Allí, didácticamente se explica a los gobiernos de los países sometidos a EEUU cómo ajustar su legislación interna, salvando las dificultades técnicas que pudieran surgir por las diferencias que existen entre los variados sistemas jurídicos vigentes. La nueva ley en nada se diferencia de las anteriores, ni en su contenido ni en la forma de su sanción. A principios del mes de octubre, el GAFI reclamó, de nuevo, al gobierno argentino que avanzara en la sanción de leyes antiterroristas, pues las dictadas entre 2003 y 2009 no alcanzaban. En cuestión de horas, el ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que el poder ejecutivo había enviado al congreso un nuevo paquete de leyes “para seguir adecuando la legislación nacional a los mejores estándares internacionales, de acuerdo con la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo”. Al día siguiente de la conferencia de prensa ministerial, las principales representaciones empresariales, como la Unión Industrial, la Sociedad Rural, las cámaras de la Construcción y Comercio, la Bolsa porteña, la ABA y la Adeba, aplaudieron la medida y ratificaron su apoyo al gobierno que más leyes antiterroristas ha dictado en Argentina, mostrando con claridad qué intereses se defienden con ese tipo de leyes. El proyecto, que duplica las penas de cualquier delito cuando la intención del autor sea “aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros, o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, ya es ley, votada por la mayoría kirchnerista, buena parte del PJ no kirchnerista, y renombrados “progres” como Martín Sabatella y sus compañeros de bancada de Nuevo Encuentro, el ex radical Carlos Raimundi y el banquero del PC, Carlos Heller. La ley se sumó a la dictadas, siempre en obediencia al poder imperial, desde 2003: la 25.765 y la 25.764, ambas de agosto de 2003, que recogieron buena parte del contenido de los proyectos fracasados, en 1995 y 1997, impulsados por el menemismo, el radicalismo y el Frepaso, como el arrepentido, el informante, el testigo de identidad encubierta; las leyes 26.023 y 26.024, de abril de 2005, que ratificaron e incorporaron al derecho interno la Convención Interamericana contra el Terrorismo (Convención de Barbados) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de la ONU; la ley 26.087, de abril de 2006, que modificó el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y dio más facultades para la UIF; la ley 26.268, de julio de 2007, que creó los delitos de “asociación ilícita terrorista”, de recolección o provisión de fondos para tales asociaciones, y, finalmente, en noviembre de 2009, la ley 26.538, que amplió más el Fondo permanente de recompensas. De allí que resulte llamativo que, después de su total silencio frente a los proyectos anteriores, igual de peligrosos, esta nueva reforma “antiterrorista” del código penal concitara la atención de los políticos del sistema, de los grandes medios y de organizaciones y “personalidades” íntimamente vinculadas -cuando no orgánicas- del partido de gobierno. La inusitada reacción comenzó a partir de que, puesto a defender la ley, entonces todavía en forma de proyecto, el director de la UIF (Unidad de Información Financiera), José Sbatella, dijo que el propósito no era perseguir opositores, sino castigar como actos terroristas las corridas cambiarias, los golpes de mercado o la emisión de noticias falsas. Sbatella, que antes de ser funcionario kirchnerista pasó por la gestión pública en los gobiernos de Alfonsín, Menem y De La Rúa, abrió, seguramente sin desearlo, el debate. Sus palabras motivaron la inmediata reacción del establishment financiero y del aparato empresarial de medios, que lanzaron titulares como “Éramos pocos y a los medios nos llegó la ley antiterrorista” (nota del editor general adjunto de Clarín, 24/12/2011). “Como está escrito, la nueva ley abre la puerta a la criminalización de la protesta social”, dijo el senador radical Ernesto Sanz, cuyo partido encabezó el represor gobierno de la Alianza, que asumió en diciembre de 1999, fusilando autoconvocados en el Puente General Belgrano de Corrientes, y escapó fusilando a los manifestantes en todo el país, en diciembre de 2001. Rubén Giustiniani, referente del Frente Amplio Progresista, llamó “paradójico” que “en la Argentina, un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia”. No le parece paradójico, claro, que el gobierno provincial de su “Partido Socialista” en Santa Fe registre los mayores índices de asesinados por el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías desde hace más de cinco años. Otra voz “progresista” que se alzó fue la del juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, que habló de la “extorsión del GAFI” y llamó “disparate” al proyecto, adjetivo que nunca usó para referirse a sus propios fallos limitando la aplicación del delito de tortura a los hechos ocurridos durante gobiernos militares, pues sostiene que, en democracia, la aplicación de tormentos nunca puede constituir más que delitos menores, excarcelables y prescriptibles, como apremios o vejaciones. También desde el propio riñón kirchnerista hubo críticas, como las formuladas en sendos comunicados por Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. El segundo se quejó por la “imprecisión de los términos”, mientras que la organización dirigida por Estela Barnes de Carlotto (cuyo hijo Remo votó afirmativamente en el recinto) advirtió que: “Si bien el Gobierno sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo (...) y los gobiernos provinciales con un perfil diferenciado al del gobierno nacional también podrían encontrar la oportunidad de impulsar prácticas represivas de la protesta”. O sea, bastaría una definición más concreta de “terrorismo”, y jueces y gobernadores que sean fieles kirchneristas, para que no tuviéramos nada que temer... Los kirchneristas y sus aliados, escandalizados por la grosería represiva de la norma -a ellos les gustan las cosas más sutiles-, depositan sus esperanzas en que la presidenta, cabeza del poder ejecutivo que remitió el proyecto al congreso, y jefa de un gobierno que lleva promulgadas siete “leyes antiterroristas” anteriores, vete la iniciativa. Son contradicciones propias de las fricciones internas entre los distintos bloques burgueses, sin que ninguno de ellos abandone su posicionamiento antipopular. Todo el conglomerado de leyes ya existentes, afines a la que acaba de ser sancionada, establece una frondosa burocracia secreta poblada de informantes, infiltrados, agentes encubiertos y provocadores, legitimados por el “legal ejercicio de la superior función de protección del orden público”, y que vemos actuar a diario, cuando los jueces usan informes de inteligencia de la policía o la gendarmería para fundar sus fallos. Ahora, es “terrorismo internacional” cualquier acto que tenga por propósito “aterrorizar a la población”, y nada causa más terror a la burguesía que la clase trabajadora organizada y en pie. Es “terrorista” quien pretenda “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo”, lo que, claramente, es aplicable a cualquier movilización que exija una medida de gobierno o la repudie. 1 En la actualidad, jueces y fiscales tienen suficiente, con las normas que ya existen, para represaliar a gusto a los luchadores populares. Tenemos compañeros acusados de “extorsión” por reclamar un aumento de sueldo; por “amenazas coactivas” por defender un paro de actividades; por “homicidio” por defenderse de una patota; por “entorpecimiento del normal funcionamiento de un establecimiento productivo” por hacer un piquete frente a una fábrica, sin olvidar las figuras típicamente usadas para reprimir la protesta, como la interrupción del tránsito vehicular terrestre y el atentado y resistencia a la autoridad, o las creadas con ese específico fin, como la prepotencia ideológica, la intimidación pública, la incitación a la violencia colectiva, la intimidación pública y las variantes de la asociación ilícita, “calificada” y “terrorista”. La sistemática incorporación de más normas represivas, especialmente diseñadas para dotar al aparato estatal de mejores y más eficaces herramientas para criminalizar la protesta social y perseguir a los luchadores del campo popular, muestra que, pese a que con lo que ya tienen les alcanza para que más de 6.000 compañeros sufran el embate judicial por movilizarse en defensa de sus derechos, saben que, más temprano que tarde, crecerán las luchas, y quieren estar preparados para defender sus privilegios. Las leyes antiterroristas -ésta, y las siete anteriores- son herramientas revestidas de legalidad, destinadas a disciplinar a los sectores y organizaciones que combaten al sistema. Lejos de ser una novedad, son una actualización del esquema represivo del estado que responde a los intereses imperialistas de EEUU y sus organismos internacionales. Su propósito determinante es aislar las luchas, amedrentar a quienes se organicen, y eliminar la resistencia. La excusa, hoy, es el terrorismo. Como en el pasado, la única forma de enfrentar esta escalada represiva es con más organización y con más lucha, para responder en forma unificada ante cada ataque al pueblo trabajador. 1. El subrayado es nuestro (El Linyera) |
El 16 de enero de 2011, el diario Perfil publicó un reportaje a Eduardo De la Puente, durante el cual el conductor radial y televisivo habló de temas relacionados con la producción televisiva. Destacamos los siguientes párrafos:
“No me gusta el discurso circense oficialista de 6, 7, 8, que eclipsa a otros programas que no lo son. Recursos... [programa que él conduce por Canal 7] va por otros carriles, no responde a ningún mandato del Gobierno.” “Somos absolutamente críticos y también ecuánimes en la opinión. Últimamente nos pusieron que te tenés que casar con uno o con otro. Me parece fantástico que haya artistas que apoyen al Gobierno, pero no me convence hacerlo ni con el Gobierno ni con la oposición, de los dos lados hay cosas buenas y horribles. Hasta que no haya una persona que nos dé lo que necesitamos, seguiré siendo anarquista.”
El diario Perfil, medio de la derecha de turno, lamebotas y lacayo del Grupo Clarín en su lucha contra la Ley de Medios, con toda la bajeza que lo caracteriza, descontextualizó los dichos de De la Puente a fin de denostar a su acérrimo enemigo periodístico, el programa híper oficialista 6, 7, 8. Ni lerdos, ni perezosos, los analistas del programa contraatacaron, algo ofendidos con De la Puente, por haber “osado” no alinearse con la línea del programa que integran, que es idéntica a la del gobierno. El 18 de enero, luego de un tendencioso informe editado por la producción, opinaron los columnistas del programa:
Carlos Barragán, conductor del programa abrió fuego: “Yo estuve entre esos pelotones de progresistas que criticaban a los políticos, creo no haber criticado la política pero sí a los políticos, porque en algún momento me di cuenta que con la política se solucionaban las cosas. Yo creo que hay gente como De la Puente que ahora se dice anarquista porque sabe que decirse apolítico suena más estúpido. Y no saben que un anarquista es un señor que en el año ’20 estaba en una panadería y por ahí, ponía una bomba en algún lugar. ¿No es así?”
Luego de algunas intervenciones venenosas de Sandra Russo y algún comentario al pasar, se despachó el principal editorialista del programa, Orlando Barone: “Se ha hablado de algunos periodistas que parece ser que cambiaron en este tiempo y eso desilusiona a muchas personas. Periodistas que de algún modo deberían estar cerca de este lugar o próximos y están en ese no lugar, y se defienden con el anarquismo, con la idea de de que todo es malo, que los políticos son todos iguales, algo así como lo de Vargas Llosa. Y yo creo que nunca estuvieron en un lugar; este es el error. Los que les dieron un lugar son los televidentes con una mirada no-crítica. Porque uno es lo que es, y no es lo que no es. Y de los personajes que yo estoy hablando -notorios en la década del 2000, cuando hubo ese movimiento no político con las asambleas en las calles, donde se encumbraron por sobre lo vigente a través de los grandes medios hegemónicos que no casualmente los apoyaron y los consagraron y los mantuvieron durante estos diez años- hoy parte de la sociedad se siente desilusionada, como que esas personas los traicionaron. No, esas personas no los traicionaron. Siguieron su camino, el mismo que generaron en aquella época.”
A continuación cerró la andanada Barragán, asegurando que las opiniones de De la Puente eran de derecha y simpatizaba con Mauricio Macri; como remate de su intervención se lamentó de que los rechazos y las acusaciones al programa de ser abiertamente oficialistas mostraban el talante intolerante de De la Puente y otros equivalentes.
Sorpresivamente, cuando el tema parecía agotado, intervino Carlos Girotti, un sociólogo invitado al programa, mientras el resto de los panelistas enmudecían: “Yo quisiera lavar a los anarquistas, porque entre tanta mierda, es imprescindible lavar a los anarquistas. No es cierto que los anarquistas eran anarquistas porque esperaban que alguien les diera lo que necesitaban. Los anarquistas eran, son y seguirán siendo anarquistas porque propician un tipo, un modelo de sociedad que reconoce una acción colectiva. De hecho, hay anarquistas en la historia de este país que se han destacado por participar en acciones individuales y colectivas. Es verdad, por otro lado, que si uno lo siguiera a Antonio Gramsci, en la dialéctica de las ideas, el anarquismo no prolonga el socialismo, prolonga el liberalismo. Este señor [De la Puente], sin saberlo, es una prolongación del liberalismo.” Sin nada más que agregar, pasaron a un corte publicitario, sin retomar el tema.
Lo antedicho amerita que aventuremos algún tipo de reflexión sobre los conceptos vertidos en el programa. El programa 6, 7, 8 tiene un reconocido carácter polémico por dos razones: 1) por hacer una crítica del discurso de los medios hegemónicos de comunicación, las grandes corporaciones periodísticas y los grupos económicos que operan en la comunicación; 2) por su alineación oficialista, su concordancia plena con el proyecto kirchnerista y sus embestidas contra toda oposición (de cualquier signo político) al proyecto del gobierno.
Lamentablemente, el sesgo pro-kirchnerista hace a sus integrantes renuentes a formular la más mínima crítica al gobierno, dominando el horizonte de la producción del programa. De este modo, 6, 7, 8 termina oficiando como una agencia de propaganda kirchnerista para-estatal. Más allá de desnudar el discurso de las grandes corporaciones periodísticas de la derecha neoliberal capitaneadas por el Grupo Clarín y el diario La Nación, de los periodistas alcahuetes de militares, políticos y/o empresarios como Mariano Grondona, Luis Majul, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Joaquín Morales Solá y demás lacras del periodismo, los integrantes del programa hacen mutis por el foro cuando de criticar las políticas oficiales se trata. Pero lo más deleznable del programa es la igualación de cualquier discurso crítico al gobierno (o a la propia emisión televisiva) con el discurso de la derecha liberal o fascista. Una crítica desde un punto de vista revolucionario o libertario que ponga en jaque la política burguesa del kirchnerismo es percibida como una seria amenaza por el equipo de producción. Entonces ponen en juego un ardid tan viejo como la política, el cual consiste en denunciar a las críticas por izquierda como provenientes de un grupo de trasnochados infantiles que le hacen el juego a la derecha consciente o inconscientemente. Una metodología que Lenin consagró en su reaccionaria crítica al “izquierdismo” como “enfermedad infantil” del comunismo.
En esta olla podrida de opositores al gobierno que cuecen los chefs de 6, 7, 8, se igualan la paranoica fundamentalista católica de Elisa Carrió, el derechista Duhalde y el inepto negrero de Mauricio Macri, con aquellos que luchan desde las bases contra este gobierno adalid de la “burguesía nacional”, los capitanes de la industria, el sistema bancario y la patria contratista. Un gobierno cuya policía federal es cómplice en el asesinato de Mariano Ferreyra en octubre de 2010 y a quien reivindican ahora que está muerto desde 6, 7, 8, pero ocultando en su discurso que Mariano era un opositor acérrimo a este modelo. Esta metodología perversa, tiene como objetivo la impugnación de la autoridad moral de las personas cuyas críticas desnudan al proyecto burgués kirchnerista, al meterlas en la misma bolsa con los personajes más repugnantes del país.
La invectiva contra Eduardo De la Puente debe entenderse dentro de ese contexto. De todos modos, el anarquismo lavado de De la Puente no se diferencia del anarquismo que han manifestado otros reconocidos personajes como Pablo Llonto, Osvaldo Bayer, Horacio Fontova y Diego Cappusotto, que han demostrado simpatías con el gobierno de los Kirchner y no han merecido la censura del programa de marras. Por cierto, el anarquismo que profesa De la Puente no parece ser ni muy crítico ni muy revolucionario, y hasta tal vez sea verdad que el hombre no sea más que un “apolítico”. Esto se evidencia en la frase: “Hasta que no haya una persona que nos dé lo que necesitamos…”, donde se desenmascara un “anarquismo provisorio” que durará hasta que venga un gobierno que “me dé aquello que yo necesito”. Eso no tiene nada de anarquista y mucho de falta de compromiso, y quizás Barragán no se equivoque.
Sin embargo, de las declaraciones de Barragán se desglosa que la idea que tienen del anarquismo los integrantes de la mesa del programa es similar a los estereotipos burgueses: para Barragán, un anarquista es un terrorista de los años veinte. Por supuesto que este panel de periodistas peronistas, se indignó profundamente cuando con el mismo calificativo, desde la derecha más recalcitrante, se acusó a los integrantes del gobierno de ser “terroristas montoneros de los años setenta”.
Pero Orlando Barone lleva su discurso perverso anti-anarquista aún más lejos: considera al anarquismo –apelando inadecuadamente a un concepto inventado por el posmoderno Marc Augé- un no lugar, es decir, una posición individualista sin ningún compromiso con la realidad, refugio de los periodistas que critican a un gobierno que deberían apoyar. La interpretación mendaz de Barone llega al punto de considerar al movimiento de asambleas populares del 2001-2002 como alimentado por las grandes corporaciones, y a ciertos periodistas -que bien se cuida de nombrar- como que se encumbraron gracias a un montón de gente descomprometida con la política. Es entendible que a este lacayo kirchnerista le cause repugnancia una de las más genuinas expresiones de soberanía popular que jamás se vio en el país, prefiriendo la delegación del accionar autogestionado de la comunidad en las manos de los “representantes políticos”. ¿En qué se diferencia el señor Barone de los Lanata, Grondona y Majul, que berreaban horrorizados frente a la consigna “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, coreada por miles de manifestantes autoconvocados espontáneamente en las calles? No se diferencia en nada. No hay mejor muestra de periodismo falaz y alcahuete que los dichos expresados por Barone, hombre avezado en exponer las falacias y alcahueterías de los periodistas y políticos que critican al gobierno. No hay mejor muestra de irresponsabilidad frente a la teleaudiencia y la comunidad que las expresiones de Barragán, que estigmatiza como terroristas a quienes lucharon contra la represión y la explotación en sindicatos horizontales y sociedades de resistencia, que lucharon contra el sexismo, el machismo, la explotación y el maltrato infantil antes que nadie, y fueron víctimas de persecución, torturas, cárceles, asesinatos, exilios y sufrieron por primera vez en la historia la desaparición forzada de sus militantes a manos de las fuerzas policiales.
En medio de tanto periodismo berreta, pancista, chivato y cómplice del poder, la intervención de Carlos Girotti en el programa termina siendo lo más rescatable, despegando a los anarquistas de la ráfaga de burradas vertidas por sus anfitriones. Pero aunque pueda ser cierto que De la Puente no sea más que una prolongación del liberalismo, lejos está de serlo el anarquismo. Y la cita a Antonio Gramsci -que descubre en realidad una afinidad de Girotti con el marxismo- revela un típico prejuicio enraizado en los intelectuales de la izquierda autoritaria. No viene al caso refutar en este espacio tan ridícula afirmación, en especial cuando el marxismo en la práctica ha resultado una prolongación del estalinismo.
Para finalizar, a los anarquistas nos producen repulsión los genuflexos a cualquier poder (de cualquier orden o ideología), y el oficialismo manifiesto de 6, 7, 8 califica en esta categoría. No toleramos a los colaboradores de los explotadores, los represores, los políticos, el Estado, las corporaciones mediáticas y los capitalistas. Y somos intolerantes –bastante más que Eduardo De la Puente- también con el programa 6, 7, 8: en este punto tiene razón Carlos Barragán.
Autor: Patrick Rossineri
El video del programa puede verse en: http://www.youtube.com/watch?v=DbUN6W5uE10
Publicado en: Libertad!, Nº 58, mayo de 2011, Buenos Aires.
Tomado de Prensa Anarquista Latinoamericana: http://prensaanarquista.blogspot.com/2011/05/6-7-8-y-los-anarquistas.html
Tomado para este blog de: www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/17799